Pareciera que la idea de perder la lucha contra la corrupción en México está fuera de contexto. Al contrario se desea el triunfo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) creado con la reforma constitucional en el 2015, y es casi unánime su aprobación, repitiendo que es un extraordinario avance, la iniciativa más importante de la auditoría gubernamental, y un enorme esfuerzo legislativo que sienta las bases de un cambio paradigmático de todas las instancias para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. E incluso, el académico Mauricio Merino, arengó “Vamos por revolución anticorrupción” (www.eluniversal.com, 06 de mayo de 2017). Y aunque algunos articulistas afirman que el SNA ha nacido cojo, y un “especialista” sostiene que Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán nacería muerto; lo cierto es la existencia de un nuevo diseño institucional que pretende luchar contra la corrupción, y lo que se requiere indagar es si va a ganar ésta lucha.
Sí se ha declarado una lucha es porque existe una guerra. Lo cual está muy bien declararle la guerra a la corrupción. Pero en qué momento se va a ganar, o cuando se haya logrado qué, o tal vez cuando no existan más hechos de corrupción. Lo cual significa la falta de objetivos claros, aunque se pudiera justificar que el SNA es perfectible, que se ira perfeccionando en forma progresiva. Sin embargo, de entrada el SNA ha carecido de la preparación, posicionamiento e información, y esto constituye la mejor arma posible para entablar la lucha con plena garantía de victoria, incluso antes de que la batalla comience (Sun Tzu, El arte de la guerra). Así, se ha comenzado perdiendo, más no se reconoce el hecho, y menos aún iniciar el aprendizaje de perder. Y aprender a perder es tener la capacidad de aceptar que el Sistema Nacional Anticorrupción ha fallado. Sí, ha omitido el análisis y crítica de la herramienta o instrumento que hace posible la fiscalización, es decir, la auditoría. Más en descargo del trabajo legislativo tanto del Congreso de la Unión como de los Congresos Estatales, ha sido el dominante modelo de la auditoría en los órganos de control y fiscalización, responsable de la impunidad, condición que ha fortalecido la corrupción, y el Sistema Nacional Anticorrupción no lo ha avizorado, y en consecuencia tampoco los Sistemas Locales Anticorrupción. Veamos.
El 30 de mayo de 2017, el Órgano de Gobierno del SNA eligió a Ricardo Salgado, como su Secretario Técnico, el cual afirmó “Voy a encabezar los estudios de prevención y detección de la corrupción” (La Voz de Michoacán, 31 de mayo de 2017, p. 1 B). O sea, después que el Sistema Nacional Anticorrupción ha establecido como uno de sus objetivos básicos, el prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción. El Secretario Técnico va a iniciar su estudio cuando se ha legislado al respecto. Y es lo que explica por qué el Sistema Nacional Anticorrupción y su Reglamento no determinaron ni precisaron cómo se previene y detecta la corrupción, y si no existe claridad al respecto mucho menos en su sanción. Es decir, empezaron (de poner piezas) al revés. Y de la misma forma lo han hecho en los Sistemas Locales Anticorrupción.
Como en Michoacán su Sistema Anticorrupción ha considerado como delitos las figuras siguientes: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia. Pero, ¿cómo se va a investigar y probar el tráfico de influencias, encubrimiento y conflicto de intereses, entre otros? Sí qué metodología o procedimientos van a utilizar los auditores en la Auditoría Superior de Michoacán o en la Secretaría de Contraloría para investigar y probar cada uno de los de los delitos que se han establecido. Y evidentemente el Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán tampoco lo ha determinado. Y será hasta que designen a los responsables cuando se iniciarán los estudios, tal como el Secretario Técnico del SNA.
Se ha partido del supuesto que la auditoría tiene claro cómo llevar a cabo la investigación de cada uno de ellos. Pero pongamos dos casos en cuanto al desvío de recursos. El primero, en una jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud se detecta dengue y se considera que es preciso realizar un cerco sanitario a efecto de que no se extienda, y lo que se requiere en lo básico es combustible y gastos de camino para trasladar al personal comisionado. Y segundo, al administrador de un Cereso en la Secretaría de Seguridad Pública se le informa que el gas está a punto de terminarse, y si esto ocurre es posible inconformidad violenta de los reos. Luego, como es sabido la insuficiencia presupuestal es endémica en las áreas y dependencias, el retraso de las erradicaciones y presupuestos que no sirven para nada. Entonces, ambos administradores disponen de recursos de otras partidas, lo que significa un desvío e incurren en una irregularidad motivo de sanción. Y si los auditores y sus Directores carecen de criterios para actuar el problema lejos de resolverse se va a multiplicar.
Año con año los órganos de control y fiscalización informan de miles de observaciones e irregularidades, así como el inicio de un número importante de procedimientos administrativos, y el tiempo transcurre y en lo general terminan en el olvido. No obstante Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación ha recordado “la falta de castigo a ex funcionarios o ex gobernadores por actos de corrupción, no ha sido por falta de trabajo de la ASF (…) de 740 denuncias penales que ha presentado la ASF ante la PGR sólo se han resuelto aproximadamente 30 (sin informar si fueron en sentido favorable o desfavorable a la Auditoría Superior de la Federación). En mi opinión no es que no se quiere hacer, es que hay rezago (…) y es posible que en una fecha próxima presentemos otras 300 o 400 más” (www.quadratin.com,mx, Rezaga PGR el castigo a los castigos de corrupción: ASF, 24 de mayo 2017). Y el Auditor Superior de Michoacán reconoció “7 mil expedientes permanecen a la espera de la resolución” (www.quadratin.com.mx 26 de enero de 2017) Y la Contraloría Estatal “Del año 2001 al 2015 inició al derredor de 5 mil procedimientos administrativos en contra de diversos funcionarios. De tales procedimientos sólo 1,159 funcionarios públicos fueron “sancionados” es decir, el 23.18%” (Impunidad pura en Michoacán, www.conlupa.com.mx). Pero las sanciones se limitaron a: amonestaciones, apercibimientos y suspensiones (las cuales fueron de tres días a seis meses). Y en enero del presente año la SECOEM presentó 10 denuncias penales ante la PGJE, y casi tres meses después el Procurador aseveró que las denuncias “no se han podido judicializar debido a la falta de información” (www.respuesta.com.mx, 03 de abril de 2017) y a la fecha se desconoce la situación. Lo anterior evidencia la impunidad; y qué hace suponer que se revertirá con la aprobación del Sistema Anticorrupción, sí los delitos son más complejos y si se carece de los medios para investigarlos. Y lejos de agilizarse se agravará derivado de un proceso de implementación lento, véase la tardanza en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, de los magistrados de las salas del Tribunal de Justicia Administrativa, y de los fondos autorizados para la operación del SNA, y de las correspondientes adecuaciones en cada entidad.
Pero el problema principal se ubica en la concepción que albergan los responsables de las entidades de fiscalización. Por ejemplo, en noviembre del 2015, el Auditor Superior de la Federación, alertó de algunos riesgos que pudieran comprometer su éxito, en primero dijo, el sistema se basa en elementos técnicos para alcanzar sus metas, por lo que se deberá estar alertas a cualquier intento de politizar su funcionamiento. En segundo factor, el sistema está representado por la participación ciudadana, aunque podría burocratizarse o verse en incentivos que son lo que originalmente se está luchando por omitir. Y en tercera instancia, es preciso hacer una distinción entre someter al sistema a evaluaciones para mejorarlo y convertirlo en un foro enfocado a cuestionar las instituciones (Riesgos en el horizonte, Juan Manuel Portal, http://eluni.mx/2sBZxYO, 12 de noviembre de 2015).
En el fondo, Juan Manuel Portal no quiere cambios (la auditoría es así y no de otra forma, la participación ciudadana debe limitarse al rol asignado, y no cuestionar a las instituciones). Y ya sabemos lo que dice la Auditoría Superior de la Federación se repite como dogma en toda entidad de control y fiscalización. En consecuencia, cómo se pretende ganar la lucha contra la corrupción con el mismo paradigma de la auditoría. ¿O acaso las normas y procedimientos de auditoría pública proporcionan las herramientas conceptuales y prácticas para investigar cada uno de los delitos que se han establecido en el Sistema Anticorrupción? No, claro que no. Y tampoco la auditoría forense vendrá con su varita mágica a resolver los problemas en Michoacán. Por ello el Auditor Superior de la Federación busca motivos para no salir de su comodidad y al formar parte del problema anticipa su derrota. Paradójico. Sí parece una afirmación extraña como pretender luchar sin armas contra un monstruo de mil cabezas resulta ilógico, más sí realmente se quiere ganar la lucha contra la corrupción se necesita iluminar nuevos caminos, aportando nuevas ideas o soluciones, de lo contrario el discurso triunfalista será parte de la corrupción.
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