Reforma de la salud pública en el Perú

Como es de público conocimiento, considerando el difícil contexto económico y geopolítico actual, las economías de todo el mundo vienen siendo afectadas en mayor o menor medida, lo cual afecta directamente el clima de negocios en los países, bajo este contexto muchos gobiernos vienen aplicando duras medidas de austeridad, pero al igual que los gobiernos también las empresas se ven afectadas y varias adoptan diversas estrategias defensivas para poder sobrevivir y mantenerse en el mercado, siendo una de ellas la de reducción de costos.

Para efectos de ilustrar una de las medidas de los gobiernos en materia de austeridad y optimización de servicios, que se vienen planteando en diversos países voy a tomar como modelo el caso peruano, en materia de reforma de la salud pública.

Un tema que viene generando amplia polémica en el Perú, en los sectores políticos, gremios laborales del sector salud, entre otros, es la reforma de la salud pública a efectos de lograr una equidad en los servicios básicos, si bien específicamente nuestra Constitución en su artículo 7 indica “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.”, y en su artículo 9 indica “El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.”, lamentablemente a pesar de la obligación constitucional, las políticas de salud de los diferentes gobiernos del país no han logrado cubrir al 100% la atención oportuna y eficiente de los servicios médicos básicos de la población en general, existiendo actualmente muchas personas que carecen de una cobertura de atención medica, lo cual es un factor de descontento en la población y una fuente más de conflictos sociales, lo cual afecta el clima de negocios en el país.

A mi entender si queremos salvaguardar y proteger la salud de nuestra población, conforme lo indica nuestra Carta Magna alcanzando una cobertura más amplia, lo más recomendable es una reforma integral de este importante sector, liderada por el Estado, con la participación del sector privado, de los profesionales y técnicos de la salud, y aportes de la ciudadanía en general  a fin de plantear los lineamientos de esta reforma.

En consecuencia pensar que solo con inversiones en infraestructura de centros de salud con proyectos público – privados, o con la necesaria mejora de los salarios de los trabajadores públicos del sector o con el planteamiento de que Essalud (organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Sector Trabajo y Promoción Social, que tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos), debe pasar a depender del Ministerio de Salud vamos a lograr la equidad en los servicios básicos de salud de la población, me parece un concepto muy limitado y errado, lo que requiere es una reforma estructural, la cual debe ser fruto de un estudio consensuado.

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