En la segunda década del Siglo XXI en un entorno incierto y cambiante en el ámbito económico y geopolítico, las organizaciones deben adaptarse a los cambios, pero para hacerlo exitosamente deben contar con un Clima de Negocios, que les permita desarrollarse, invertir, fomentar la investigación en el desarrollo de nuevos productos o servicios a efectos de ser más competitivos en el mercado y ser cada vez más eficientes y eficaces.
Sin embargo uno de los grandes problemas que enfrentan las organizaciones en el mundo es la creciente inseguridad ciudadana, dado que esta afecta el Clima de Negocios, al generar sobre costos a las organizaciones en temas de seguridad a todo nivel, como son sus instalaciones, recursos materiales, recursos humanos, medios informáticos, entre otros, así como influyendo negativamente en la conducta de los consumidores, al limitar la demanda de ciertos productos que consideren pueden ser potencialmente objeto de actos delincuenciales en sus diversas modalidades. Para analizar una de las modalidades de este tema voy a tomar como ejemplo el caso peruano.
La inseguridad ciudadana es considerada uno de los mayores problemas del Perú. La lucha contra la inseguridad ciudadana en nuestro país es una tarea fundamental del Estado peruano, no sólo por cumplir con su deber constitucional de mantener y salvaguardar el orden interno, si no a efectos de crear un clima de confianza en la población y así evitar que influya negativamente en los inversionistas, una de las modalidades que viene causando preocupación en la población es el incremento de la modalidad de asaltos y robos en las empresas que brindan servicio de taxis a través de aplicativos, lo cual influye negativamente en la conducta de los consumidores.
Recientemente Miguel Castro, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, expreso que se alista la organización de mesas técnicas para reforzar los proyectos de ley existentes que buscan regular las apps de taxis.
Y es que es de público conocimiento que se han dado a conocer actos delincuenciales, como robos y asaltos, a los pasajeros de aplicativos de taxi, lo que ha generado una percepción de temor en la ciudadanía de que no existe un adecuado control por parte de las autoridades competentes del Estado sobre esta materia.
Actualmente, existen en el mercado hasta ocho apps de taxi que capturan al mes el 10% de las carreras que se realizan en la capital, de acuerdo a datos de la ONG Lúz Ambar.
En concreto, lo que se busca es regular el servicio privado de transporte de pasajeros ofrecidos por plataformas tecnológicas para asegurar la legalidad del servicio, promover la mejora y calidad del mismo e identificar las responsabilidades entre el operador de la plataforma y los usuarios.
Entre las novedades de esta propuesta legislativa, figura que “no exime al operador del servicio de las responsabilidades y obligaciones establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ni del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ni de las que deriven en materia civil o penal producto del servicio”.
Esta medida evitaría que los administradores de estos aplicativos se excusen de los delitos u omisiones que se comentan durante el viaje.
También propone la creación del Registro Nacional de Plataformas Tecnológicas para el Servicio de Transporte Privado, a cargo del MTC, que deberá incluir a todas las entidades que operen, administren o proporcionen este servicio.
A la par establece requisitos para las apps de taxis como no recoger a los pasajeros de la calle no inscritos al servicio, emitir comprobante de pago, contar con mecanismo para identificar al vehículo y la ruta a seguir, entre otros.
Sobre el particular, debo expresar que me encuentro de acuerdo con esta propuesta legislativa a efectos de ejercer un adecuado control a las empresas que brindan estos servicios, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones, así como minimizar el riesgo de asaltos y robos a los usuarios, con el consiguiente beneficio para el clima de negocios en el país.
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