Actualmente los inversionistas tanto locales como extranjeros no se limitan a las oportunidades de negocio que se le presentan en una economía con fundamentos macroeconómicos estables, para sus decisiones empresariales, también toman en cuenta otros factores como la estabilidad jurídica de un país, los conflictos sociales, la corrupción, la inseguridad ciudadana, entre otros.
La corrupción es uno de los grandes lastres que impiden que una sociedad prospere y se desarrolle, y es deber del Estado el combatirla frontalmente y sancionarla, contando con la participación activa de la prensa y la ciudadanía denunciando los casos de corrupción, a fin de que se aplique la Ley.
Lamentablemente la corrupción ha existido y existe en todos los sectores y niveles de nuestra sociedad, sea en el ámbito privado como en el sector público. Ello afecta la credibilidad de los ciudadanos sobre empresas privadas e instituciones públicas, donde se han detectado casos de corrupción lo que genera un impacto negativo en la economía de un país.
Recientemente, el presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski manifestó que este gobierno tiene como prioridad “la lucha contra la corrupción”.
“Hemos sido reconocidos internacionalmente como el gobierno que más ha hecho en este campo. Claro que hay algún costo porque algunas obras se ha tenido, pero estamos retomando la construcción”, afirmó.
Sobre la posibilidad de que las empresas que son investigadas por casos de corrupción puedan ser contratadas para el proceso de reconstrucción, Kuczynski refirió que “todo debe tener su debido proceso”.
En el caso peruano uno de los casos emblemáticos de trascendencia actual es el referido al caso Odebrecht, donde denuncias de corrupción afectan a las gestiones de varios gobiernos y a diversos ex candidatos presidenciales, durante campañas electorales anteriores.
Recientemente, el informe negativo de la Contraloría de la República del Perú sobre el contrato de construcción y concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco, por parte del Estado con una empresa privada, provoco un escándalo en la opinión pública, una interpelación al Ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, por parte del Congreso de la República lo que finalmente produjo la renuncia del mencionado Ministro, y la comunicación del Contralor de la República Edgar Alarcón de que se iniciaran acciones legales contra seis funcionarios de dicho Ministerio, dos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) y a dos del Ministerio de Economía y Finanzas.
En tal sentido, las palabras del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski de que la lucha contra la corrupción es una prioridad para el gobierno, espero que sean sinceras y consecuentes por el bien del país, teniendo en cuenta que los casos mencionados son solo dos de los numerosos casos que vienen sacudiendo a la opinión pública en diversos sectores y niveles del Estado y que vienen afectando diversos indicadores económicos, como el tipo de cambio, el comportamiento de los consumidores y el crecimiento económico que a inicios del presente año estaba previsto por el Gobierno en un 4% con respecto al PBI, y que recientemente lo bajo a un 3%, cifra que lo considero demasiado optimista, estimándolo en un promedio del 2%, debido al impacto de la corrupción, la caída de los precios internacionales de los minerales, el mantenimiento de niveles altos de inseguridad ciudadana, el fenómeno del Niño Costero, además de un complicado panorama económico y geopolítico externo, que viene afectando a la comunidad internacional donde destacan peligrosos focos de conflictos y tensión regionales, como los del Medio Oriente y la península coreana, entre otros, que pueden desembocar en un conflicto global de grandes proporciones.
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